Caso Rocha Moya tensa el cierre de la Comisión Permanente
El debate sobre la situación política en Sinaloa domina la agenda legislativa mientras aliados de la 4T llaman a la prudencia interna.
La sesión de clausura de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se vio marcada este martes por un intenso debate en torno a la situación política del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Legisladores de diversas fuerzas políticas intercambiaron señalamientos sobre la gobernabilidad en dicha entidad, generando un clima de confrontación que definió el fin de los trabajos legislativos de este periodo.
Representantes de los partidos aliados a la Cuarta Transformación aprovecharon el espacio para advertir sobre los riesgos que implica la crisis actual para el proyecto político oficialista. En sus intervenciones, los integrantes de la coalición señalaron que el movimiento no puede permitirse incurrir en las mismas prácticas que, a su juicio, provocaron la pérdida de legitimidad y la debacle de la oposición en años recientes.
Desde la óptica de los legisladores oficialistas, la unidad y la transparencia son los pilares indispensables para evitar el desgaste institucional frente a las críticas de la oposición. Argumentaron que el caso en Sinaloa debe ser manejado con estricto apego a la legalidad para salvaguardar la estabilidad del estado y evitar que el conflicto se traslade al terreno electoral de manera irreversible.
Por su parte, los grupos parlamentarios de oposición exigieron mayor claridad en las investigaciones y medidas concretas para garantizar la seguridad en la región. Los representantes opositores insistieron en la necesidad de que las instituciones federales actúen sin sesgos políticos, subrayando que la crisis en Sinaloa representa una prueba fundamental para el sistema de pesos y contrapesos en el país.
La jornada concluyó con un llamado generalizado a fortalecer el diálogo institucional antes del inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. Mientras tanto, el entorno político se mantiene expectante ante las posibles resoluciones de la Fiscalía General de la República y los procesos judiciales que podrían derivar de las denuncias presentadas en los últimos meses.
