Human Rights Watch advierte sobre retrocesos democráticos en el gobierno mexicano
La organización internacional señala una brecha entre la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum y la situación interna en materia de derechos humanos.
Human Rights Watch publicó un informe este viernes señalando que México enfrenta un retroceso democrático significativo, marcado por una marcada contradicción entre el discurso internacional de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y la realidad que viven diversos sectores en el territorio nacional. El documento subraya preocupaciones sobre la concentración de facultades en el Ejecutivo y los desafíos que persisten en la protección de las garantías individuales frente a las políticas de seguridad implementadas en los últimos meses.
El análisis sostiene que, mientras la representación mexicana en foros internacionales promueve una agenda de defensa de los derechos humanos y la soberanía jurídica, las acciones internas han generado fricciones con diversos organismos de la sociedad civil y observadores internacionales. La organización enfatiza que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, particularmente en el contexto de la SCJN, ha sido un punto de tensión constante durante el presente año, afectando la percepción de los contrapesos institucionales en el país.
En cuanto a la estrategia de seguridad pública, el informe destaca que la consolidación de la Guardia Nacional bajo el mando de la SEDENA sigue siendo objeto de cuestionamientos por parte de defensores de derechos humanos. Aunque la administración federal ha reiterado que el enfoque principal es la atención a las causas estructurales de la violencia a través de programas de bienestar, la organización señala que la militarización de tareas civiles continúa restringiendo el espacio de actuación democrática y la rendición de cuentas.
Por su parte, fuentes de la Secretaría de Gobernación han indicado que el gobierno mantiene una postura de apertura al diálogo con organismos internacionales, reiterando que las políticas actuales responden a un mandato popular para transformar las instituciones del Estado. El equipo de gobierno subraya que sus reformas buscan fortalecer la soberanía nacional y la eficiencia administrativa, rechazando las interpretaciones que califican estos cambios como una erosión de las libertades democráticas fundamentales.
El reporte concluye con un llamado a fortalecer la independencia de los organismos autónomos y a garantizar la protección efectiva de periodistas y defensores de derechos humanos, sectores que han manifestado vulnerabilidad ante el clima político actual. La organización instó a las autoridades federales a alinear sus prácticas internas con los compromisos internacionales de derechos humanos que el país mantiene vigentes ante la comunidad global.
