Sheinbaum: Estados Unidos no presentó pruebas adicionales contra Rocha Moya

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró este miércoles en su conferencia matutina que el gobierno de Estados Unidos ha aclarado que no está obligado a entregar pruebas adicionales para sustentar la solicitud de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. De acuerdo con la mandataria, la comunicación diplomática recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores se centra exclusivamente en el requerimiento formal de detención provisional.

El caso ha generado atención nacional tras conocerse que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación abierta que involucra a diversas figuras políticas de la entidad sinaloense, derivada de las peticiones enviadas por las autoridades judiciales estadounidenses. La presidenta reiteró que el proceso se mantiene bajo los canales diplomáticos y jurídicos establecidos en los tratados bilaterales vigentes, sin que hasta el momento se haya modificado la naturaleza de los requerimientos presentados.

Por su parte, fuentes cercanas a la administración federal señalaron que la postura del Ejecutivo mexicano consiste en exigir el respeto a la soberanía y al debido proceso en cualquier solicitud de cooperación internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores continúa analizando la documentación remitida para asegurar que los procedimientos se ajusten estrictamente a la legislación mexicana y a los protocolos internacionales firmados por ambas naciones.

La situación de Rubén Rocha Moya ha sido objeto de diversas discusiones en el ámbito legislativo, donde representantes de distintos partidos han solicitado mayor claridad sobre el alcance de las investigaciones en curso. Mientras tanto, la administración federal insiste en que no se adelantarán juicios hasta que el Poder Judicial y las instancias correspondientes agoten las etapas procesales necesarias para determinar la procedencia de la solicitud.

Este escenario pone a prueba la coordinación en materia de seguridad y justicia entre México y Estados Unidos en un contexto de alta sensibilidad política. El gobierno federal ha enfatizado que, independientemente de las presiones externas, cualquier acción que involucre a funcionarios públicos mexicanos debe estar respaldada por elementos jurídicos que permitan una defensa adecuada y transparente dentro del marco constitucional.